En enero comienza un nuevo año para todos, salvo el Congreso. El último día del año ahí es, en realidad, el 31 de enero, cuando se inicia el receso legislativo hasta marzo. Así como la ciudadanía corre los últimos días antes de Navidad a comprar los regalos que faltan, en enero Congreso y gobierno lo hacen para tratar de dejar zanjadas discusiones legislativas antes del descanso. Mientras en enero muchos ya están de vacaciones, en el Congreso tiende a producirse un trabajo más bien frenético.
Quien gobierna tiene los mayores incentivos en cerrar el trabajo legislativo en febrero con la mayor cantidad de avances en su agenda. Con el poder de las urgencias, el Ejecutivo tiene una herramienta muy poderosa para pautar al Congreso, pero no para lograr que las leyes se aprueben como desea, especialmente en un gobierno dividido (un gobierno sin mayoría en el Congreso que apruebe su programa, como es el actual). Esto, que es una recurrencia en los regímenes presidenciales (en el régimen parlamentario el Congreso por mayoría forma el gobierno, por lo habitualmente la situación de gobierno dividido no se produce por diseño), tiende a arrastrar a los actores políticos en un constante dilema del prisionero.
La cooperación se hace difícil y tiene costos de corto plazo, pero retornos altos de mediano y largo plazo. El gobierno tiende a imponer su agenda y sus contenidos, mientras la oposición juega a negar la sal y el agua para forzar una negociación más ventajosa. El gobierno puede apostar a una estrategia negociadora de “sacar a la oposición (hoy la derecha) al pizarrón” para demostrar que su agenda de reformas no puede avanzar por causa de las fuerzas reaccionarias. La oposición, por su parte, puede asumir la estrategia de forzar al gobierno a negociar en sus términos a riesgo de no avanzar nada en su programa.
Este constante dilema del prisionero nos ha llevado ya por más de una década a postergar acuerdos en materias tan sensibles como salud y pensiones. Los gobiernos presidenciales divididos, como decíamos, son parte del paisaje del presidencialismo y tienden a generar una gran acumulación de frustración ciudadana. En nuestro caso, además, vemos a ambos sectores divididos internamente frente a esta situación. La oposición, dividida en torno a qué tan dura ser frente a la agenda del gobierno, y el oficialismo, dividido respecto a cuánto ceder con tal de avanzar y cuánto considerar intransable en términos programáticos.
Esto, que es una constante en un Presidente sin mayoría en el Congreso, se transforma en una tensión mayor cuando el paisaje político está tan polarizado como el actual.
Este enero, los actores políticos tienen que decidir cómo se irán al receso legislativo antes de retomar en marzo cuando cambie parte importante del control de las comisiones en el Senado y se inicie la nueva legislatura de cara a las elecciones municipales y regionales de octubre.
En marzo, en el Senado, la oposición tomará el control de las comisiones de Hacienda (reforma tributaria), Salud (isapres), Trabajo (reforma de pensiones), Gobierno, Agricultura, Economía (Sernac) y Vivienda. El oficialismo controlará las de Pesca (Ley de Pesca y Ley de Acuicultura), Seguridad (agenda de seguridad), OO.PP. y Constitución (datos personales). Esto, se traduce en un incentivo adicional, esta vez del gobierno, de dejar lo más avanzado posible, idealmente ya despachados del Senado, sus temas de interés antes del receso de febrero, previo a perder la mayoría en comisiones claves.
La agenda legislativa este año tendrá impacto en la campaña municipal y viceversa. Quien gane la municipal muy probablemente triunfe en la presidencial de 2025, por lo que las apuestas estarán cargadas.
Este enero, tendremos una agenda legislativa marcada por -entre otras materias relevantes- la agenda de seguridad, la Ley Corta de Isapres, la reforma de pensiones, reforma al régimen de datos personales y la Ley de Transición Energética; además del ingreso de proyectos como el de permisos, reforma al sistema de evaluación ambiental y otros.
La Ley Corta de Isapres debe salir del Congreso a más tardar en abril, por lo que es esperable que el trámite en el Senado concluya en enero. La reforma de pensiones podría tener un pacto para salir de la Cámara y llegar al Senado antes del receso. La agenda de seguridad es una materia donde la oposición puede presionar al gobierno quien, a su vez, puede mostrar avances para aplacar esa crítica que viene tanto de la oposición como de la opinión pública.
Este enero marca además, el regreso del debate pleno de las políticas “sensibles a la elección”, como diría Dworkin. Es decir, aquellas que forman parte del debate político partidista y cuyos contenidos dependen de las mayorías circunstanciales. A diferencia de las “insensibles a la elección”: los derechos fundamentales, las reglas básicas del sistema democrático. Nosotros pasamos 4 años de excepción, teniendo materias eminentemente insensibles a la elección, transformadas transitoriamente en totalmente sensibles a ella. El resultado era previsible: agotamiento. La ciudadanía prefiere ver a sus representantes abocados a los temas sensibles a la elección, al tiempo que los ve respetando las reglas básicas del régimen democrático (no debatiendo constantemente sobre ellas).
Este enero, veremos probablemente sesiones tensas, comenzando por la acusación constitucional al ministro de Vivienda este jueves en la Cámara. La tensión estará -en su parte estructural- determinada por la forma en que los sectores más moderados de ambos bloques logren enfrentar estas semanas hasta el receso. Si prima la oposición dura (por un lado) y la idea de sacar a la derecha al pizarrón (por el otro) probablemente veamos pocos avances, bloqueos mutuos y la llegada a un febrero lleno de avances legislativos frustrantes. Si prima la oposición dialogante y colaborativa junto con el oficialismo pragmático y abierto, que esté dispuesto a aceptar que no tiene los votos ni en la Cámara ni en el Senado, entonces podríamos llegar a febrero con un balance más positivo.
Los incentivos frente a las elecciones de octubre son fuertes hacia endurecer posiciones y enrostrarse mutuamente los fracasos y los bloqueos. Pero todavía hay esperanza de que esas tentaciones sean contenidas por actores que vislumbran un poco más allá de cada elección el riesgo de seguir postergando decisiones en materias en que la ciudadanía espera soluciones. A partir de marzo, ya estaremos en modo eleccionario. Veremos si este enero puede ser una luz de esperanza o el adelanto de una relación gobierno-oposición que privilegie las diferencias antes que los acuerdos.
Por Felipe del Solar.
Socio director del área Asuntos Políticos y Legislativos.
